Ley de Seguridad Interna abolirá al INS

(Diciembre 2002)- El 19 de noviembre de 2002 el Senado estadounidense aprobó la Ley de Seguridad Interna (Homeland Security Act 2002) que, entre otras cosas, manda la creación del Departamento de Seguridad Interna (Department of Homeland Security). La misión principal de este Departamento es prevenir ataques terroristas en Estados Unidos, reducir la vulnerabilidad de Estados Unidos al terrorismo, minimizar el daño y asistir en la recuperación de ataques terroristas que ocurran en territorio estadounidense y ocuparse de todas las funciones de las entidades transferidas a este Departamento. La ley exige la creación de una Oficina de Seguridad de Frontera dentro del Departamento de Seguridad Interna y tendrá bajo su techo agencias federales como la Guardia Costera y Servicio de Aduanas, dentro de las 22 que cobijará. El Servicio de Inmigración y Naturalización será abolido y en su lugar se creará la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (Bureau of Citizenship and Immigration Servcices) que funcionará bajo el Department of Homeland Security. Esta ley ya fue firmada por el presidente Bush el pasado 25 de noviembre de 2002.

No más tarde de 60 días de la fecha en la cual esta ley ha sido decretada, el Presidente debe transmitir un plan de reorganización que contemple la transferencia de agencias, personal, activos y obligaciones al Departamento creado por esta ley. Asimismo debe incluir cualquier consolidación, reorganización o modernización de las agencias transferidas al Departamento de Seguridad Interna. La fecha de puesta en efecto de estos cambios será incluida en el mismo plan, pero no podrá ser más tarde a la fecha de finalización del período de transición establecido por esta misma ley que debe durar 12 meses desde el momento de volverse efectiva (al ser firmada por el Presidente).
«Estoy muy complacido con la aprobación de la Ley de Seguridad Interna de 2002 que creará el muy necesitado Departamento de Seguridad Interna. La creación de este nuevo departamento es crítica para el éxito de una de las más importantes misiones de nuestro gobierno: resguardar la seguridad de los estadounidenses y proteger nuestras instituciones y valiosas libertades», dijo en un comunicado James W. Ziglar, Comisionado del Servicio de Inmigración y Naturalización. Ziglar enfatizó su complacencia al declarar: «La acción del Senado ha hecho el plan del Presidente realidad. Hablo por los hombres y mujeres del Servicio de Inmigración y Naturalización cuando digo que estamos deseosos de trabajar con el nuevo Secretario de Seguridad Interna. Estamos preparados para facilitar la integración del INS en el nuevo departamento mientras continuamos escribiendo este importante nuevo capítulo de la historia de América».

El presidente George W. Bush dijo a su vez: «Esta legislación, las más extensa reorganización del Gobierno Federal desde los años 40, ayudará a nuestra nación a enfrentarse a las emergentes amenazas de terrorismo en el siglo 21».

Sin duda la historia de cómo se hacen las cosas en Estados Unidos cambiará bajo el auspicio de esta nueva ley. Voces críticas se han hecho escuchar con advertencias acerca del debilitamiento de los derechos y libertades civiles de estadounidenses e inmigrantes, especialmente el menoscabo del derecho a la privacidad que ocurrirá con la puesta en práctica de esta ley.

El 13 de noviembre de 2002, el congresista Pete Starks lanzó un comunicado con fuertes críticas a ciertos aspectos del texto de la Ley de Seguridad Interna, que ya había sido aprobada en la Cámara y que estaba por ser sometida a votación en el Senado, y pedía que no se aprobara esa versión. Una de sus preocupaciones fue expresada como sigue: «El nuevo Departamento de Seguridad Interna estaría exento de la ley de Libertad de Información. Ninguna amenaza real o percibida justifica la operación en secreto del gobierno sin tener la responsabilidad de ventilar sus actividades al público. Sin embargo, el Congreso está votando hoy para crear la burocracia más grande en la historia de Estados Unidos – 22 agencias con un estimado de 170 mil empleados- con poca vigilancia del público. Si esto no es hacer un gobierno en las sombras, no sé lo que es».

Por su parte, en un comunicado publicado y difundido por U.S. Newswire el 19 de noviembre de 2002, Ralph G. Neas, Presidente de People For the American Way, declaró: «Con la atención ampliamente enfocada en la adecuación de las protecciones del servicio civil en la Ley de Seguridad Interna, varias de las masivas provisiones de la ley que incrementan el carácter secreto del gobierno y reducen su responsabilidad han sido virtualmente ignoradas. La nueva agencia de 170 mil empleados podría amenazar potencialmente los derechos y libertades civiles de todos los estadounidenses en la ejecución de su misión».

Neas dijo que sin duda Estados Unidos debe ocuparse seria y valientemente de la necesidad de proteger a la nación de la amenaza del terrorismo, pero explicó que esta nueva ley, paralelamente a la Ley Patriótica, lo hace antes de que el gobierno haya examinado suficientemente qué fallas condujeron a los ataques terroristas: «(…) un esfuerzo que solo ahora está comenzando. Cuando se instituye la reorganización gubernamental más grande en 50 años, las necesidades de información del Congreso, ciudadanos y la prensa acerca de las operaciones de la agencia y sus hallazgos deberían estar protegidas y fortalecidas. En su lugar, esta ley debilita la responsabilidad y apertura, creando potencialmente una agencia ejecutiva secreta y virtualmente sin freno», opinó.

People For the American Way apoyó una propuesta del profesor Christopher Edley de la Escuela de Leyes de Harvard y otros para que se creara un inspector general dentro del Departamento de Seguridad Interna que se enfocara únicamente en el impacto que esta nueva agencia tendría en los derechos y libertades civiles, pero la versión aprobada de la ley no incluyó esa propuesta.

El Departamento de Seguridad Interna será responsable de la seguridad fronteriza, seguridad al viajar, investigaciones contraterrorismo que incluyen el uso de información pública y privada para la creación de una amplia base de datos del pueblo estadounidense. Esto preocupa a las organizaciones defensoras de derechos y libertades civiles porque como apunta el comunicado de People For the American Way «con la discriminación basada en perfiles raciales y el amplio rango de listas de ‘no puede volar’ que ya están siendo usados por la Administración de la Seguridad del Transporte para restringir los viajes aéreos, cientos de abusos de derechos civiles ya han sido documentados». Esto hace que, según ésta y otras organizaciones de derechos humanos, haya una amenaza significativa de que este nuevo departamento podría abusar los derechos civiles y quebrantar las libertades civiles.

«Sin una vigilante supervisión del Congreso y una responsabilidad hacia los ciudadanos estadounidenses, el Departamento de Seguridad Interna tiene el potencial de impactar seriamente la libertad en América», expresó Ralph G. Neas.

El texto completo de esta ley puede leerse en inglés en: http://www.whitehouse.gov/deptofhomeland/analysis/