Florida no es Arizona
¿Puede Florida volverse como Arizona en materia migratoria local? Algunos legisladores están intentando que así sea. En diciembre de 2010 el senador Mike Bennett, republicano por Bradenton, FL, sometió el proyecto de ley SB 136 en la Legislatura de Florida que emula a la SB 1070 de Arizona. Si la aprueban, permitiría a la policía y agentes de la ley pedir documentos que prueben estatus migratorio a quienes sean arrestados por otras causas, si los oficiales sospechan que la persona reside en Estados Unidos ilegalmente. Así lo alertó en un comunicado la Florida Immigrant Coalition (FLIC), entidad luchadora por los derechos de los inmigrantes, con sede en Miami. Si bien este borrador prohíbe usar la apariencia o raza como motivo para pedir los papeles y dice sólo apuntar al castigo de criminales, este mismo proyecto permitiría multar hasta por $100 y hasta con 20 días de cárcel a residentes o extranjeros legales que no tengan consigo sus documentos de inmigración. La intención implícita, dice FLIC, es detectar, detener y deportar a todos los inmigrantes indocumentados, una meta que si se logra, le costaría a Florida, dice, casi $44 mil millones ($4.3 billion), en actividad económica.
«No queremos convertirnos en otra Arizona. Este tipo de proyecto de ley ha mostrado que no sólo tiene un impacto negativo para los inmigrantes sino para la economía», declaró Jonathan Fried, miembro de WeCount! con base en Homestead, FL, una fundación que reúne a inmigrantes, estudiantes y trabajadores para que se apoyen mutuamente y lograr justicia social y económica.
Pero la SB 1070 de Arizona ya tiene consecuencias para el bolsillo del estado y de las empresas privadas lugareñas: según un estudio de Elliott D. Pollack & Company, con sede en esa provincia, que aborda las consecuencias de la SB 1070 aprobada en abril 2010, «las pérdidas en la industria le costarán al estado $253 millones en aportes económicos y más de $86 millones en salarios perdidos en los próximos 2 o 3 años».
«Este tipo de proyectos reflejan las horribles y abiertas políticas anti-inmigrantes elegidas por una legislatura fuera de contacto [con la realidad], que en lugar de enfocarse en los asuntos reales de Florida como el desempleo y las más bajas tasas de inversión per cápita en educación, escogen como chivo expiatorio a las comunidades minoritarias y criminalizan a los pobres», dijo María Rodríguez, directora ejecutiva de FLIC.
FLIC exhorta a todos a contactar a sus senadores (www.flsenate.gov) y representantes en Tallahassee (www.myfloridahouse.gov) y decirles «que esta es una legislación mala para Florida, porque todos somos Florida», y con esto queda claro que la comunidad inmigrante afectada, así como empresarios y turistas de América Latina y el Caribe podrían abandonar a este estado como destino para hacer sus negocios y turismo al sentirse amenazados por una política nada amigable con los extranjeros. En Poder Ciudadano online de El Paracaidista están los detalles para identificar a legisladores y cómo ponerse en contacto con ellos: www.elparacaidista.com/immi/immi_poderciudadano.cfm.
La Florida Immigrant Coalition explica también que el cambio de liderazgo político en la legislatura se está haciendo sentir con otros proyectos anti-inmigrantes como el Florida Immigration Enforcement Act (Acta del Cumplimiento de la Ley de Inmigración de Florida) empujado por el ex-fiscal general Bill McCollum en 2010 y considerado muy suave como medida de reforma migratoria por el actual gobernador de Florida Rick Scott, quien ya firmó una orden ejecutiva para que todas las agencias bajo su control usen el poco confiable sistema E-Verify (que accede a una base de datos de números del Seguro Social cruzados con estatus migratorio, un sistema plagado de errores). Es urgente participar en las reuniones de concejos municipales y de distrito de los representantes estatales para dejarles saber lo equivocadas de esas políticas y la importancia de trabajar por comunidades unidas. Para saber cuándo hay reuniones a las que puede asistir llame a FLIC al 305-571-7254. «Queremos que nuestros representantes estatales sepan que no pueden aprobar una ley anti-inmigrante estilo Arizona, por que la verdad es que tenemos problemas más graves por los cuales preocuparnos, como las altas tasas de desempleo, los pocos ingresos per cápita para la educación y las ejecuciones hipotecarias. Traiga a su familia, sus amigos, sus vecinos y compañeros de trabajo. ¡Es hora de hacerle saber a nuestros legisladores lo que queremos!», es el pedido de FLIC a la comunidad.
Para más información pueden conectarse a: www.floridaimmigrant.org, llamar al T + 305- 571-7254, o escribirles un mensaje: info@floridaimmigrant.org.
Mientras, en Washington, en la Cámara de Representantes ya se sometió a una audiencia del Comité Judicial sobre Política de Inmigración la propuesta ICE Worksite Enforcement, Up to the Job? (Cumplimiento de la Ley por ICE en el Lugar del Trabajo), uno de los varios proyectos que apuntan a la deportación masiva de inmigrantes indocumentados en todo el país, liderado por el congresista republicano por Texas Lamar Smith. De la mano va una resolución recién introducida por el senador republicano por Lousiana David Vitter y su homólogo Rand Paul de Kentucky, que busca enmendar la Constitución para que una persona nacida en Estados Unidos de padres indocumentados no tenga derecho a la nacionalidad estadounidense.
Carlos Pereira, Director de El Centro de Orientación del Inmigrante (CODI), en Miami, dice que «la ironía de esto es que muchos de nuestros gobernantes de hoy han pasado por situación de inmigración y sus padres sufrieron situaciones similares, pero parece que esto genera lagunas mentales en los que un día llegaran huyendo de guerras, de hambre y de situaciones políticas malas en sus países de origen». Este líder comunitario comenta a El Paracaidista que es imperioso seguir en pie: «Yo creo que nosotros tenemos la obligación de seguir luchando por este tema para regresar el debate al Congreso, pero creo que quien tiene más la obligación y la deuda con nosotros los hispanos es el Presidente Barack Obama». Pereira sugiere otras estrategias adicionales de tipo legal y dice que ya hay un grupo de abogados trabajando en eso.
«No se puede perder la paciencia y la mente, hay que seguir manteniendo un buen carácter moral y cívico, aunque la gente no crea que su voz es escuchada con las cartas, faxes, llamadas y mensajes de texto. Tenemos que volverlo hacer las veces que sea necesario y tener mucha paciencia, pero sobre todo fe que esto se va solucionar algún día».
Sobre esto, la vocera del National Immigration Forum, en Washington, DC, Katherine Vargas enfatiza a El Paracaidista que también hay que visitar a los concejales, pedir reuniones con oficinas de representantes locales, estatales y nacionales (un derecho que tienen los constituyentes y habitantes de este país), para presentar las preocupaciones y el deseo firme de que se apruebe una reforma migratoria justa e integral y se deshechen las políticas inclinadas únicamente a la restricción. «Estamos esperando también que el Senado sea como la barrera que bloquee muchas de las medidas [anti-inmigrantes] que sí se lleguen a aprobar en la Cámara de Representantes». Vargas le da importancia al voto latino y exhorta a todas las personas elegibles a que se vuelvan ciudadanas y se registren para votar para hacer presión nacional. Otro punto vital que señala es que los pequeños negocios se acerquen a sus cámaras de comercio y expongan sus preocupaciones para que esas entidades les representen y se vuelvan más activas, así como conversar con ciudadanos estadounidenses (anglos) para convencerles de la importancia económica que representaría la legalización de sobre 11 millones de indocumentados y la necesidad de mantener los trabajos en Estados Unidos y no exportarlos para seguir bajando los costos y aumentando el desempleo en el país.
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