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La
comunidd debe involucrarse al máximo para lograr legislación
¿A
quién escuchará el Congreso? ¿A la ciudadanía
que representan o a los intereses de empresas multimillonarias
que desde 2007 han gastado $585.7 millones en cabildeo y contribuciones
a campañas políticas? Esta cifra fue proporcionada
en un informe publicado por Public Campaign Action Fund (PCAF)
el 15 de septiembre de 2009, una entidad sin fines de lucro y
apolítica que vela por la transparencia en las contribuciones
a campañas políticas y al mejoramiento de las leyes
en ese sector, desde su sede en Washington, DC. Solamente en la
primera mitad de 2009 las empresas de seguros y HMO gastaron $126.4
millones tratando de influenciar las políticas públicas
y oficiales electos. “Los
intereses de las aseguradoras y HMO [Health Maintenance Organizations,
Organizaciones de Mantenimiento de la Salud] están peleando
contra la reforma de cuidado de salud con cientos de millones
de dólares", comentó David Donnelly, el Director
Nacional de Campañas de Public Campaign Action Fund (Fondo
de Acción de Campaña Pública). “¿Por
qué hay tantos en el Congreso dispuestos a escuchar a una
industria que está gastando decenas de millones cada mes
en política, en lugar de bajar el costo de sus pólizas
o ayudar a encarar los costos del cuidado de salud? Ellos necesitan
el efectivo para pagar por sus campañas [los políticos].
Y por eso necesitamos que el Congreso esté fuera del juego
de recaudar fondos, lo que puede ocurrir si el Congreso adopta
la ley de Elecciones Justas Ahora [Fair Elections Now Act - H.R.
1826, S. 752, propuesta introducida en el Congreso]". Por otro lado,
la encuesta nacional más reciente realizada por The
New York Times/CBS News Poll, entre el 19 y el
23 de septiembre de 2009, encontró un sólido respaldo
del público a la opción de una sistema de seguros
administrado por el gobierno que competiría con las compañías
de seguros privadas. Un 65% de los encuestados respondió
estar de acuerdo con "la opción pública"
como se le conoce, dentro de la ley de reforma y sólo 26%
estuvo en contra (9% no sabía o no respondió). Un
51% respondió que el gobierno debería garantizar
un seguro universal para todos los estadounidenses (ver resultados
completos (inglés):http://documents.nytimes.com/new-york-times-cbs-news-poll-confusion-over-health-care-tepid-support-for-war#p=15). El proyecto
de ley de reforma de salud podría estar en el pleno del
Senado para su discusión y votación para la segunda
semana de octubre de 2009. Es urgente que el público se
haga oír más allá de las encuestas. Es preciso
tocar a las puertas de los representantes de la ciudadanía
en el Capitolio. 1. Immigrants must have access to affordable health care. They work, pay taxes, and are raising families; they should not be barred from accessing the health care exchange by waiting periods or other obstacles. En español: los inmigrantes deben tener acceso a un cuidado de salud costeable. Ellos trabajan, pagan impuestos y levantan a sus familias; no se les debe prohibir el acceso al "intercambio de cuidado de salud" (término usado para la opción pública, para quienes deseen comprar seguro a precios competitivos) con períodos de espera u otros obstáculos. 2. New verification
requirements will hurt U.S. citizens and immigrants alike and
are costly, unnecessary, and burdensome. Undocumented immigrants
are already barred from health care and Medicaid subsidies. Oppose
new onerous verification measures! En español: los
nuevos requerimientos de verificación lesionarán
a los ciudadanos estadounidenses y a los inmigrantes por igual,
y son costosos e innecesarios y una carga. Los inmigrantes indocumentados
ya están excluidos del cuidado de salud y los subsidios
del Medicaid. Opóngase a nuevas medidas de verificación
onerosas (costosas). El número
de la central del Senado es en inglés: 1-866-974-8813 y
en español: 1-866-584-3909. Lea también: Reforma de salud: el estado actual del sistema que publicamos recientemente.
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La
pelea por una reforma de salud que incluya o no una alternativa
de cuidado médico administrada y vigilada por el gobierno
de EEUU es una guerra frontal entre la ciudadanía estadounidense,
las compañías de seguros y el Congreso en el medio.
Las aseguradoras están gastando casi $700 mil diarios en
calbideo a senadores y representantes para que no se incluya la
opción pública en el proyecto de ley. Pero 65% de
los estadounidenses encuestados están de acuerdo en que
un plan manejado por el gobierno debe ser parte del bill
para que bajen los precios y se acabe la crisis en el sistema
actual de salud.
