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Coalición
presenta evidencia de impacto negativo
La American Civil Liberties Union (ACLU) presentó ese día nuevas y contundentes evidencias (ya había participado junto a otras organizaciones en un juicio contra el DHS en 2007, cuando se publicó la propuesta por primera vez, y logró paralizarla) en compañía del Immigration Policy Center, el National Immigration Law Center y Low Wage Immigrant Worker que confirman, dice esta coalición, el advenimientos de despidos masivos de trabajadores ciudadanos estadounidenses y otros individuos autorizados para laborar, al sustentarse en una base de datos plagada de errores, con un impacto negativo y devastador en los negocios de Estados Unidos y en la economía del país, y que no servirá realmente para parar la inmigración ilegal o contratación de indocumentados. La polémica resolución salió de la Casa Blanca el verano de 2007 para apretar la tuerca a empresas que den empleo a extranjeros ilegales. Usando una plataforma del Seguro Social en funcionamiento desde 1994. Pero una demanda del sindicato AFL-CIO y de la American Civil Liberties Union y grupos de empresas estadounidenses dilató el proceso, cuando el 10 de octubre de 2007el Juez de Distrito de Estados Unidos, Maxine M. Chesney, en San Francisco, California, mandó detener el envío, por encontrar impactos negativos en la población de trabajadores y negocios estadounidenses y conflictos de autoridad entre entidades federales. El DHS entonces publicó, el miércoles 26 de marzo de 2008, una segunda regulación suplementaria sujeta, como todas estas propuestas, a comentarios del público, para continuar con esa iniciativa. Más detalles sobre cobertura de este caso en www.elparacaidista.com/immi/immi127.cfm y en comentarios de ACLU en: www.aclu.org/immigrants/workplace/35016leg20080424.html (inglés). Foto: Archivo
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El
25 de abril de 2008 era la fecha final para recibir comentarios
del público sobre la regla propuesta por segunda vez por
el Department of Homeland Security (DHS) acerca del envío
de las cartas "No Match" o de "No Coincidencia"
del Seguro Social a empresas, donde indican que la información
del empleado no coincide con la información de la Administración
del Seguro Social, y que resuelvan las discrepancias de identidad
y número de Seguro Social existentes en 90 días,
o prescindan de la contratación de esos trabajadores. 
