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La polémica resolución salió de la Casa Blanca el verano de 2007 para apretar la tuerca a empresas que den empleo a extranjeros ilegales. Usando una plataforma del Seguro Social en funcionamiento desde 1994, el Department of Homeland Security iba a empezar en septiembre 07 a enviar sus propias cartas adjuntas a las Employer "No-Match" letter del Social Security del año impositivo 2006, para instar a empleadores a que chequeen los récords de sus trabajadores y resuelvan las discrepancias de identidad y número de Seguro Social existentes, en 90 días, o prescindan de la contratación de indocumentados, si no pudieran resolverlo y quedara claro que las personas usan documentos fraudulentos para laborar, sin estar autorizadas por el US Citizenship and Immigration Services. Pero una demanda del sindicato AFL-CIO y de la American Civil Liberties Union y grupos de empresas estadounidenses dilató el proceso, cuando el 10 de octubre de 2007el Juez de Distrito de Estados Unidos, Maxine M. Chesney, en San Francisco, California, mandó detener el envío, por encontrar impactos negativos en la población de trabajadores y negocios estadounidenses y conflictos de autoridad entre entidades federales. "En esta
segunda regulación están proveyendo 40 páginas
adicionales de explicación de por qué la regla sí
está acorde con la ley. El Departamento de Seguridad Interna
[Deparment of Homeland Security] parece creer que al emitir esta
explicación se logre que el mandato domine o gane en la
corte para que pueda tener efecto", dijo a El Paracaidista
Douglas G. Rivlin, Director de Comunicaciones del National
Immigration Forum. Cuando el año pasado, el 10 de octubre [2007] la Corte Federal emitió el mandato de no implementación de la regla, el Departamento de Seguridad Interna tenía 60 días para apelar. Lo que pasó es que el día después de Acción de Gracias el DHS dijo que iba a regresar a la regla y la iba a corregir para solucionar los tres aspectos de la regulación que el juez encontró con problemas, que en resumen son: 1- Que la regla iba a tener un impacto negativo en detrimento de trabajadores legales y ciudadanos estadounidenses. 2- Un conflicto de autoridad entre el DHS y el Departamento de Justicia que es el encargado de hacer cumplir la ley de discriminación en el trabajo. 3- El impacto negativo que esta regla tendría en la comunidad de negocios en Estados Unidos. "Ellos hicieron la apelación, pero publicaron hoy [26 de marzo de 2008] en el Registro Federal una segunda regulación suplementaria que no es nueva, es la misma de agosto 2007 con la única diferencia que el gobierno quiso clarificar esos tres asuntos. En la regla suplementaria publicada, el DHS trató de responder todas las preguntas y objeciones del juez, y usaron récords, reportes y análisis. Ahora hay 30 días desde hoy [26 de marzo 2008] para que el DHS reciba comentarios del público, luego finalizan la regulación y luego irán al juez a decir que lo remediaron todo para que entre en efecto", explica Guizar. Para complementar, "el uso obligatorio de una base de datos federal conocida como E-Verify (hasta hace poco conocida como Basic Pilot) para verificar la elegibilidad de empleo de todos los trabajadores está en el corazón de un número de propuestas federales y estatales. El proyecto de ley de Shuler-Tancredo bill (H.R. 4088) está sujeto a una petición de emisión y están reuniendo firmas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y hay otras propuestas similares bajo consideración en Washington. El estado de Mississippi se unió a Arizona y Oklahoma en mandar el uso de E-Verify a todos los empleadores, mientras que Idaho, Indiana y Virginia han rechazado esas propuestas recientemente", advierte el National Immigration Forum. Tanto grupos de negocios, sindicatos, entidades pro-inmigrantes y defensoras de los derechos, así como expertos en leyes y políticas han hecho sonar la alarma porque las bases de datos contenidas en E-Verify son muy propensas al error y las vías para que un trabajador pueda corregir data federal incorrecta están limitadas, añade el NIF. Un estudio conducido por Jim Harper del Cato Institute, instituto de investigación en Washington, DC, titulado "Electronic Employment Eligibility Verification: Franz Kafka's Solution to Illegal Immigration" (Verificación de Elegibilidad de Empleo Electrónica: La solución de Franz Kafka a la Inmigración Ilegal - verlo aquí: http://www.cato.org/pub_display.php?pub_id=9256 en inglés) describe que con un margen de error del 4.1%, una de cada 25 contrataciones resultarán en una respuesta incorrecta de "no confirmación tentativa", lo que pone la contratación en espera. "Con 55 millones de contrataciones por días, esta tasa produce cerca de 11.000 no confirmaciones tentativas, por día de trabajo en Estados Unidos" y todo por error, describe el estudio. Para ver la
propuesta de No Match Letter publicada en el Federal Register
ir a: www.gpoaccess.gov/fr/index.html
y en Search poner "no match letter" para leerla en inglés
y ver los pasos para hacer comentarios, que están abiertos
al público, sólo por 30 días desde marzo
26 de 2008. |
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Al
cierre de esta edición la Administración Bush publicó,
el miércoles 26 de marzo de 2008, una segunda regulación
suplementaria llamada "Social Security No Match" o Seguro
Social de No Coincidencia. La primera regla, emitida en agosto
2007, fue detenida en una corte federal de San Francisco, California,
en el mes de octubre de 2007. Pero el gobierno insiste en que
se ejecute. "La regulación es un esfuerzo del Departamento
de Seguridad Interna de hacer cumplir las leyes de inmigración
al imponer la obligación a los empleadores que reciban
una carta indicando que la información del empleado no
coincide con la información de la Administración
del Seguro Social", declara en un comunicado el National
Immigration Forum, en Washington, D.C., y advierte que el proyecto
de ley de Shuler-Tancredo en el Congreso estadounidense codificaría
esta regulación controversial.
