Polémica propuesta de la Casa Blanca
contrasta con plan de la Cámara
Reforma migratoria: STRIVE Act en Congreso
El
empuje por una reforma migratoria justa y completa sigue aumentando
por la fuerza de centenares de organizaciones pro-inmigrantes,
entidades religiosas, sindicatos, cámaras de comercio y
la ciudadanía que continúan realizando marchas,
reuniones y audiencias en el Congreso de EEUU. Muchos se unieron
bajo un conglomerado: la Coalición por una Reforma Migratoria
Comprehensiva (CCIR - Coalition for Comprehensive Immigration
Reform - www.cirnow.org). Otros bajo un proyecto llamado "Plan
Maestro".
El pasado
22 de marzo la presión hizo catarsis con la introducción
en la Cámara de Representantes de un nuevo proyecto de
ley bajo las siglas H.R.1645 y título Security
Through Regularized Immigration and a Vibrant Economy Act
of 2007 (Ley de Seguridad a través de una Inmigración
Regularizada y una Economía Vibrante de 2007), que se abrevió
como "STRIVE Act of 2007" (pueden conectarse a http://thomas.loc.gov,
ir a "Search Bills" y poner el nombre o las siglas para
leer el texto completo en inglés). Fue ingresada por los
representantes Luis Gutiérrez (demócrata por Illinois)
y Jeff Flake (republicano por Arizona) y con 29 co-patrocinadores
y al cierre de estad edición ya llevaba 50.
"La introducción
del proyecto de ley bipartidista STRIVE Act es un importante primer
paso. Está dándole energías a quienes apoyan
una reforma comprehensiva en todo el país. Los trabajadores
y familias inmigrantes están desesperados por una reforma
real. También los empleadores decentes que quieren una
fuerza de trabajo legal y trabajadores estadounidenses que quieren
un campo de juego nivelado. Y el público está cansado
de las posturas partidistas y de los señalamientos a dedo.
En los próximos días, CCIR y nuestros aliados en
todo el país vamos a tener eventos en más de una
decena de ciudades para demandarle al Congreso que tome acción
en esta reforma migratoria comprehensiva. Aunque continuaremos
estudiando los detalles de esta compleja legislación, estas
actividades van a subrayar nuestra determinación de llevarla
acabo este año y de hacerlo correctamente", dijo en
un comunicado Clarissa Martínez, Gerente de Campaña
de CCIR en Washington, D.C.
El STRIVE
Act
El proyecto Gutiérrez-Flake impone el cumplimiento de
numerosas medidas de seguridad antes de poder dar paso a la implementación
de un programa para nuevos trabajadores y la legalización
de los indocumentados, de acuerdo a un resumen provisto por
la propia Cámara de Representantes sobre este bill.
El Department of Homeland Security debe certificar ante el
Congreso mejoras en la tecnología de vigilancia en la frontera,
seguridad en documentos de inmigración, la puesta en marcha
de la primera fase del Sistema Electrónico de Verificación
de Empleo, aumento de personal en puertos de entrada y fronteras,
un plan de trabajo con México para evitar tráfico
humano, de drogas y actividades de pandillas, entre otras exigencias
de seguridad.
También
expande los tipos de crímenes (y aumenta las multas y penas)
relacionados al fraude en documentos como pasaportes y visas,
empleo de ilegales, lavado de dinero, tráfico humano, ofensas
con armas de fuego cometidas por extranjeros y crea nuevas penas
en el área migratoria para forasteros convictos por manejar
bajo la influencia del alcohol y por comisión de crímenes
de pandillas. Mejora los requerimientos para reportar direcciones
bajo la ley de inmigración, da a las autoridades estatales
y locales poderes para hacer cumplir las leyes criminales relacionadas
con inmigración, permite detención por más
de 90 días de extranjeros en proceso de remoción,
aumenta los centros de detención a 20 más para poder
alojar a 20 mil extranjeros.
Comanda
la creación de un sistema de verificación de empleo
sumamente estricto con protecciones para los trabadores estadounidenses
y foráneos y sube las multas por infringir la ley al contratar
a indocumentados.
El programa
de visa de trabajador "crea un canal legal para futuros trabajadores
inmigrantes (y sus cónyuges e hijos) al establecer la visa
H-2C, válida por tres años y renovable por otros
tres", apunta el resumen de este proyecto emitido por
la Cámara de Representantes. Como es preciso que se intente
contratar a un trabajador estadounidense primero, el proceso de
reclutamiento es bien estricto. Hay restricciones en áreas
de alto desempleo (9% o más), donde no se podrá
emplear a extranjeros que tengan un nivel educativo de bachillerato
(high school) o menor. El tope numérico de visas es de
400 mil anual ajustable cada años de acuerdo a las realidades
del mercado. Los portadores de visas H-2C que estén desempleados
por más de 60 tendrán que abandonar el país,
porque la visa se puede transferir de un empleador a otro. Da
oportunidad para obtener residencia permanente condicional después
de cinco años (por petición de empresa o auto-petición)
y eventualmente a la ciudadanía. Para obtenerla hay que
demostrar calificaciones para un trabajo que está siendo
ofrecido por un empleador estadounidense, completar un chequeo
de antecedentes criminales y terroristas, pagar $500 por solicitarla,
pasar un examen médico, mostrar admisibilidad a Estados
Unidos (algunas prohibiciones relacionadas con el estatus ilegal
podrán ser perdonadas, pero no las relativas a seguridad
y criminalidad).
Para ganar
la ciudadanía por el sendero de la H-2C los trabajadores,
sus cónyuges e hijos debe mostrar presencia física
en el país y empleo, completar los chequeos de seguridad,
pagar $500 y cumplir con los conocimientos de cívica e
inglés.
El STRIVE
Act regularía las listas de espera de visas de inmigrante
de familiares y las basadas en empleo al disminuir la ineficiencia
del sistema. Al tiempo que crearía nuevos caminos para
que trabajadores de altar calificaciones y aquellos muy demandados
en el mercado estadounidense tengan facilidad y prioridad de venir
y quedarse. Provee especial énfasis en campos como la enfermería.
Sobre la
legalización de extranjeros fuera de estatus crea una visa
condicional tipo no inmigrante que les permite junto a sus cónyuges
e hijos en Estados Unidos estar en el país por seis años,
con permiso de viaje y trabajo y protección contra deportación.
Para quienes están ya en proceso de remoción
o con órdenes de partida voluntaria daría en ciertas
circunstancias (no muy claras al momento del cierre de esta edición)
la oportunidad de solicitar ese estatus condicional no inmigrante.
Para ser elegibles es preciso que demuestren presencia continua
en el país desde el 1ro. de junio de 2006 o antes y que
tuvieron empleo en ese período y que continúan trabajando,
completar chequeos criminales y de seguridad, ser admisibles bajo
la Ley de Inmigración y Nacionalidad, pagar una multa de
$500 para importes por procesamiento (las multas se exceptúan
para los niños), no ser convictos de felonía o tres
delitos menores, no haber participado en persecución de
otros individuos por raza, sexo, religión, ideas políticas,
nacionalidad, membresía a algún grupo social. No
ser convicto de un crimen serio fuera del país (ni tener
razones para creerlo). Hay una pena de hasta cinco años
de cárcel para quien voluntariamente falsifique información
en la solicitud de estatus condicional no inmigrante.
Una vez
obtenido este estatus, los extranjeros pueden solicitar la residencia
permanente y la ciudadanía, pero luego de ponerse al final
de la fila y que se hayan terminado las listas de espera por visas
de inmigrante, aunque sus visas no se contarán contra ese
cupo anual mundial. Para conseguir la ciudadanía, deben
haber trabajado durante los seis años previos al ajuste,
pagar una multa de $1.500 más costos de procesamiento,
completar chequeos criminales y de seguridad, cumplir con los
requerimientos de inglés y cívica, pasar examen
médico, pagar todos los impuestos que pudiera tener pendiente
por todo lo trabajado, mostrar admisibilidad a Estados Unidos,
debe haber salido y entrado legalmente al país bajo el
programa "Legal Reentry" durante el período de
seis años de estatus condicional no inmigrante, pero no
después de 90 días antes de solicitar el ajuste
a residente permanente. Todo el procesamiento de documentos se
realiza en Estados Unidos. Hay excepciones limitadas.
Este proyecto
Gutiérrez-Flake incluye al Dream Act 2007 y al AgJOBS Act
2007, además de dar recursos extras para las cortes
de inmigración, alivio para inmigrantes y víctimas
de los ataques del 9-11 y sus familias, amén de facilitar
el proceso de naturalización para miembros de las Fuerzas
Armadas.
Al cierre
de esta edición en Florida se había creado La Alianza
de la Florida Pro-Legalización del Inmigrante conformada
por un racimo de entidades que ya fijó posición
en cuanto al proyecto de ley: "Nos permitimos comunicar a
toda la comunidad en general que organizaciones que trabajan en
beneficio del inmigrante, después de analizar las diferentes
propuestas de reforma migratoria y la posibilidad de obtener la
decisión del Congreso Federal de debatirla y aprobarla,
nos hemos constituido en 'La Alianza de la Florida Pro-Legalización
del Inmigrante', para apoyar el proyecto de ley elaborado y presentado
por los congresistas Luis Gutiérrez y Jeff Flake, y que
será respaldado en el Congreso por el Representante de
Florida, Lincoln Díaz-Balart, con el apoyo de los Congresistas
Ileana Ros-Lethinen y Mario Díaz-Balart. Con el fin de
enviar este mensaje al Congreso y al Sr. Presidente de los Estados
Unidos, hemos convocado el día 1o. de Mayo, múltiples
caravanas de vehículos que irán hacia el Downtown
de Miami, para reunirnos en una gran concentración en los
exteriores del Government Center (111 NW. 1st. Street, Miami FL),
de donde saldrá una marcha por las principales calles del
Downtown, regresando al sitio de partida, para finalizar con una
vigilia", reza un comunicado difundido en parte por Hispanic
Coalition, una de las organizaciones participantes. Para la marcha
participan con su esfuerzo: American Friends Service Committee,
American Guatemalan Association (AGA), Americas Community Center,
Catholic Charities- Archdiocese of Miami, Colombianos Pro-Inmigrantes,
Farm Workers Association of Florida, Fundación Salvodoreña
de la Florida, Haitian American Grassroots Coalition, Hispanic
Coalition, Florida Inmigrant Advocacy Center, Jobs with Justice,
Latin-American for Inmigrants (LAFORIN), Consejo Nacional de La
Raza (NCLR), Latinos Unidos en Acción, Organización
Hondureña Francisco Morazán, Centro de Organización
del Inmigrante (CODI), Peruvian Civic Unity, LULAC, LULAC Indoamerican,
LULAC Latin American Power, LULAC Unión Latina, LULAC SOLIDARY,
Mexican American Council Unity, Unidad Latin American Power, Democratic
Party of Miami Dade County, Asociación Ministerial AMOE-Ancla
de Salvación, Comisión del Gobernador de las Iniciativas
de Fe, Nueva Esperanza, Asociación Ministerial de Miami-Dade,
Ministerio Iglesias Jesucristo el Todopoderoso, entre otras.
Jorge-Mario
Cabrera, Director Asociado de CARECEN (Central American Resource
Center), organización comunitaria con sede en Los Angeles,
California, cuenta a El Paracaidista sobre otras de las
numerosas iniciativas de apoyo a la reforma que están surgiendo
por todo el país, esta vez lo que ellos llaman el "Plan
Maestro" o "Blue Print" de lo que consideran debe
contemplar un verdadero y justo proyecto de ley y que fue presentado
el 29 de marzo en Los Angeles: "Este plan modelo va comparar
la propuesta Gutiérrez - Flake, listando las estrategias
que se delinean en el blue print. El año estábamos
reaccionando a los diferentes ataques, pero no estábamos
diciendo lo que queríamos ver en la reforma. Pero este
año más de 80 organizaciones se están reuniendo
para pedir lo que se necesita, el blue print se va a distribuir
esta semana [a principios de abril] a los congresistas más
claves, las siguientes semanas se reunirán con otros congresistas
que no ha dado su postura y cada organización tienen sus
prioridades para esto".
Sobre el proyecto
Gutiérrez-Flake, Cabrera dice que el análisis apenas
comienza: "Podemos decir que la propuesta se divide en dos:
primero es el reforzamiento de las leyes y segundo es la legalización.
Uno de los contra pies es que antes de que ocurra la legalización
va a ocurrir el reforzamiento. No indica cuándo, cómo
ni el tiempo en que se logra la legalización y nuestra
preocupación es que se detenga la legalización.
Otra preocupación es que la propuesta daría permiso
a las autoridades locales de ejercer las labores de agentes de
inmigración y nosotros creemos que incluir algo así
no es necesario. Crearía más confusión".
El vocero de CARECEN dice que un gran grupo de personas estarían
todavía en la sombra temerosas de ser arrestadas y que
es bien importante que toda propuesta no excluya a los trabajadores
permanentes o temporales de la posibilidad de obtener su residencia
permanente y la ciudadanía.
"Este
plan [Gutiérrez-Flake] ofrecería la posibilidad
de ciudadanía hasta después de 18 o 20 años.
Nuestro interés es que la comunidad se involucre que en
el proceso cívico y viva una vida integrada a su nueva
casa, ellos creen que deben esperar la ciudadanía, pero
ya se la han ganado ya han contribuido, ya han pasado los malos
ratos y no necesitan probar más que se la merecen. En el
plan maestro hemos incluidos esas ideas básicas con puntos
bien específicos".
Protesta
contra plan Bush
El proyecto que estaba cocinándose en la Casa Blanca se
dio a conocer el viernes 30 de marzo y creó un enérgica
reacción por parte de las organizaciones pro-inmigrantes
al saberse que es un refrito del modelo de Sensenbrenner que sólo
incluye medidas de seguridad y un programa de trabajadores huéspedes
que no da paso a la integración a esta sociedad como residentes
permanentes y mucho menos a la ciudadanía, además
de ignorar la legalización permanente de quienes ya se
encuentran en el país trabajando.
"La propuesta
de la Casa Blanca destruye la piedra angular de la política
inmigratoria de Estados Unidos, reunir a las familias, lo que
contribuye a crear comunidades productivas, sanas y bien integradas.
Mientras que nada hace para solucionas las listas de espera, sí
reduce o elimina categorías completas de visas de inmigrantes
para familiares cercanos y somete a otros familiares a competir
por la residencia permanente basándose en un sistema de
'mérito' que favorece a los ricos y bien educados. La propuesta
falla en señalar la mayor causa de la inmigración
ilegal y en su lugar desgarra a las familias", dice Karen
Narasaki del Asian America Justice Center en Washington, miembro
de CCIR.
Por su parte,
el Secretario y Tesorero del sindicato SEIU Local 32BJ, basado
en Nueva York, Héctor Figueroa expresa que este plan dice
a los inmigrantes "queremos tu trabajo, queremos tu sudor,
pero no te queremos a ti ni a tu familia. No tiene un sendero
obvio hacia la ciudadanía para los inmigrantes aquí
o para los que vengan en un futuro; ni protecciones para trabajadores
contra empleadores explotadores, condiciones de trabajo inseguras
o salarios injustos. Y nada para proteger los salarios de la actual
fuerza laboral contra los empleadores que se alimentan de las
bases".
El plan Bush
contempla un programa de trabajadores huéspedes que puede
ser usado por los indocumentados, pero deben salir del país
y pagar una alta multa para lograr la residencia permanente. También
incluye la incorporación de 6.000 agentes de patrulla fronteriza
en el lindero Sur del país, 370 millas de cerca más
y una pared virtual de 300 millas con sensores electrónicos.
Asimismo un sistema de verificación de empleo antifraude
para inmigrantes.
Según
reporta el periódico "The Washington Post" en
su edición del 31 de marzo, este proyecto se trabajó
a puertas cerradas con senadores republicanos desde que el Presidente
pidiera una reforma migratoria comprehensiva en su discurso "el
estado de la nación" dado en enero de 2007. Las discusiones,
señala el artículo, fueron lideradas por el Secretario
de Homeland Security, Michael Chertoff, y el Secretario de Comercio
Carlos Gutiérrez (no tiene nada que ver con el congresista
del proyecto Gutiérrez-Flake) e indica que la Casa Blanca
aspira a que llegue el escritorio del Presidente este año
como una propuesta que solucionará el problema de la inmigración
ilegal y que proveerá un sistema seguro, productivo, ordenado
y justo. Los indocumentados deberán registrarse seis meses
después de la aprobación y cada miembro de la familia
deberá hacerlo por separado. Recibirán entonces
unas tarjetas llamadas Z o visas-Z que les permitirá a
los ilegales trabajar, deberán renovarse cada tres años,
y cada vez se tendrán que pagar $2.000 en multa y $1.500
por procesamiento. Para poder conseguir la residencia permanente,
el portador de la Z tendría que salir del país y
solicitar entrada legal a través de los consulados y embajadas
estadounidenses en el exterior, para lo cual deberá pagar
otra multa de $2.000 para solicitar la entrada y $8.000 si se
le aprueba.
Uno de lo
puntos más controversiales es que eliminaría las
preferencias de petición para hermanos e hijos mayores
de ciudadanos en su misión de reducir la inmigración
basada en lazos familiares.
Pero la lucha
continúa: "Nosotros estamos cautelosamente optimistas
porque el diálogo del Senado como de la Cámara y
el sector comunitario es mucho más amplio que el año
pasado. No estamos entre la espada y la pared reaccionando, estamos
hablando de estrategias y acercamiento a los medios para difundir
información y hacer cabildeo con los legisladores. Si pasa
una propuesta de ley va a pasar con el apoyo de la comunidad",
cierra Jorge-Mario Cabrera, uno de los voceros del Plan Maestro,
campaña respaldada por más de 80 entidades, entre
las cuales se destacan la National Day Laborers Organizing Network,
American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations
(AFL-CIO), United Food and Commercial Workers International Union,
William C. Velásquez Institute, Coalition for Humane Immigrants
Rights of Los Angeles (CHIRLA), Central American Resource Center
(CARECEN Los Angeles), League of United Latin American Citizens
(LULAC), Center for Human Rights and Constitutional Law, Southern
Poverty Law Center, National Korean American Service & Education
Consortium (NAKASEC), Sweatshop Watch, Mexican American Political
Association (MAPA), National Alliance of Latin American and Caribbean
Communities (NALACC), Dolores Huerta Foundation y Labor Council
for Latin American Advancement.
Hay otros
proyectos ya introducidos en el Senado como el S.330 Border Security
and Immigration Reform Act of 2007 (Ley de Reforma de Inmigración
y Seguridad de Fronteras 2007), sometido en enero 2007por el senador
republicano de Georgia, Jonny Isakson, que básicamente
se enfoca en medidas de seguridad y restricción y no da
pie a legalización ni acomodos al defectuosos sistema migratorio
actual. Este bill se encuentra en el Comité Judicial del
Senado.
Mejorar
y aprobar
La mayoría de las organizaciones pro-inmigrantes apoyan
el STRIVE Act, pero enfatizan que es preciso mejorarlo. Por ejemplo,
Frank Sharry, Director Ejecutivo del National Immigration Forum,
con sede en Washington, DC, expresa: "Hemos estudiado cuidadosamente
al propuesta y creemos que ofrece un excelente mapa de camino
para el arreglo comprehensivo de nuestro disfuncional sistema
de inmigración (
). Aún así, estamos
confiados y esperanzados en que podemos mejorar esta legislación
mientras va avanzando [la discusión]". La preocupación
principal es el tiempo que tomaría el ejecútese
de la legalización, sujeta a la implementación de
los planes de seguridad primero. Asimismo, se enfoca en el punto
controversial de tener que salir para solicitar nueva entrada
para poder obtener la residencia.
Un editorial
del 23 de abril del "Arizona Daily Star", con sede en
Tucson, Arizona, urge a todas las organizaciones a trabajar en
conjunto para que se apruebe el Strive Act, especialmente por
las declaraciones de entidades opositoras como Derechos Humanos
y May 1st Coalition, cuya misión es defender los derechos
de los inmigrantes, pero que se preocupan por el carácter
restrictivo del proyecto que dicen convertirá a Estados
Unidos en un Estado policial. "¿Pero si no es el STRIVE
Act, qué entonces? Una elección presidencial se
llevará a cabo el próximo año y los activistas
de ambos bandos del asunto [reforma migratoria] parecen indicar
que la inmigración será un tema tabú durante
el ciclo elector de 2008. Fallar en arreglar el sistema migratorio
este año podría significar que el tópico
no se debatirá nuevamente de una forma significativa hasta
posiblemente 2009", contrapone el editorial y añade
que un reporte de la Conferencia Nacional de Legislaturas de Estados
dice que a mediados de abril de 2007 al menos 1.169 proyectos
de ley sobre inmigración y asuntos relacionados han sido
introducidos en los 50 estados de la Unión Americana, un
50% más de los bills considerados en 2006.
Para sumarse
a este clima de solución pronta, es preciso contactar a
cada uno de nuestros representantes y senadores en el Congreso
para pedir que se apruebe una reforma sensata. En www.elparacaidista.com,
si presiona el botón "Participe para lograr una Reforma
Migratoria Justa" del lado izquierdo en la portada, encontrará
explicaciones y una carta modelo para ser enviada, además
de enlaces a websites de organizaciones con información
clave sobre la reforma, como el de www.immigrationforum.org/documents/PressRoom/
STRIVE_Statements4-17-07.pdf donde pueden leerse las declaraciones
de diversas organizaciones y grupos de toda la nación.
Foto: Kala
Moiré
